Elizabeth Corzo Jara, miembro de la Comisión de Investigación Académica del Equipo de Derecho Ambiental

Hace 8 años, un día como hoy, en la ciudad de Bagua se produjo un enfrentamiento entre policías, y civiles indígenas y no indígenas que terminó con un saldo de 33 muertos. Ese día también se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha instaurada por la ONU desde 1973.

Fue una tragedia que pudo evitarse si se hubieran tenido instituciones fuertes y sólidas que hubieran podido canalizar y dar solución a los reclamos y demandas de los pueblos amazónicos involucrados. No cabe duda de que es posible afirmar que hubo un antes y un después del Baguazo; y que muchas de las normativas, políticas e instituciones que actualmente conocemos fueron impulsadas, reformadas o mejoradas luego de la tragedia. A 8 años de estos sucesos, ¿qué significó Bagua en materia de incorporar las voces de los pueblos indígenas en políticas ambientales?

En primer lugar, nos demostró que las categorías epistemológicas que utilizamos son insuficientes cuando hablamos de medio ambiente. Las protestas contra una serie de decretos que colocaban al territorio amazónico a merced de grandes empresas trasnacionales y extractivas que buscaban explotar yacimientos de petróleo, gas y otros minerales, situó erróneamente el debate en la dicotomía sobre el desarrollo. ¿Eran realmente contrarios al desarrollo? ¿O estábamos ante formas distintas de representar y vivenciar el territorio? 

El Estado peruano entiende y circunscribe el concepto de territorio al espacio físico, pero omite que este es también un espacio social, de interrelación y de interacción de cosmovisiones, pensamientos, emociones, vínculos. Aun cuando el Viceministerio de Interculturalidad, a través de su Área Funcional de Información sobre Pueblos Indígenas, ha avanzado en las titulaciones de comunidades nativas y campesinas, aun no se problematiza conceptos como el territorio integral para las comunidades, omitiendo así los espacios que involucran sus actividades productivas (entendiéndose territorios en donde se pesca o cultiva) . El Baguazo fue solo la consecuencia natural de concebir a la Selva como un gran banco de donde solo se debe extraer recursos y riquezas, no habiendo cabida para pensar en ella a través de cosmovisiones o imaginarios autóctonos. 

 En segundo lugar, con una década de avances extractivos e incremento de los conflictos socio-ambientales, Bagua nos permitió ver otra dimensión de las protestas. Algunos autores denominan como “resistencias ecológicas” a aquellas protestas que se caracterizan por el reconocimiento del territorio como una ecología específica, particular e integrada, la cual se verá afectada por una intervención externa . Son estas protestas las que se ven motivadas, no tanto por una redistribución de rentas o demandas de recursos o reparaciones ambientales, sino porque estas intervenciones amenazan el estilo de vida de los pobladores afectados y ponen en tela de juicio lo que ellos mismos consideran como “Buen Vivir” o “Vivir Bien”. Los decretos promulgados por el gobierno de Alan García dejaban la puerta abierta a intervenciones extractivas que no solo iban a tener repercusiones en el ámbito socio-productivo, sino también en las esferas de lo cotidiano. 

El que ambos acontecimientos coincidan da mucho material para pensar en cómo las instituciones están incorporando las voces indígenas a la hora de formular sus políticas en materia medioambiental. En ocho años, el Viceministerio de Interculturalidad ha fortalecido su labor en todas sus direcciones de línea en contraste de lo realizado por el Ministerio del Medio Ambiente, cuya creación precede por dos años al Ministerio de Cultura. Se han realizado procesos de Consulta Previa; se han creado las tres primeras Reservas Indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial; Sierra del Divisor fue el primer Parque Nacional que involucró un proceso de consulta previa; se ha venido impulsando y fortaleciendo la vigilancia indígena, y la titulación de comunidades es un proceso que se ha ido acelerando. No obstante, la deforestación, la proliferación de actividades ilegales, los derrames de petróleo, la superposición de lotes petroleros con territorios comunales son puntos débiles que aún no nos permiten proteger efectivamente los territorios indígenas, y con ello, tener un pulmón que nos sostenga para enfrentar el cambio climático. 

Cada 5 de junio seguiremos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también recordaremos Bagua, y pensaremos en la contradicción aterradora que significa que 33 personas hayan muerto por un Estado que no supo comprender ni conciliar estas visiones de lo medioambiental, de la naturaleza y de lo que es “vivir bien”. Algunos autores hablan de “multiecologismos”, es decir, de esas variadas y distintas formas que tenemos los seres humanos, como individuos y como pueblos, de relacionarnos con nuestro entorno, de representar nuestros territorios y de concebir nuestro medio ambiente. Si realmente queremos proteger y cuidar la Tierra, debemos incorporar todas las voces involucradas, entre ellas las de los pueblos indígenas, pues, al fin y al cabo, son ellos los mejores conocedores de sus territorios y los más vulnerables al cambio climático. Recuperar sus saberes ancestrales, darles mayor participación, fortalecer las organizaciones indígenas, y articular todo ello en políticas ambientales conllevará a mejores resultados, por ejemplo en materia de deforestación, como algunos estudios ya vienen informando . Darles la espalda, silenciar, criminalizar la protesta, solo nos llevará a hablar, proponer y luchar por un medio ambiente visto desde nuestro propio ecologismo: una versión incompleta que no encontrará jamás su camino.