Hace poco, nuestro país ha elegido a un nuevo presidente y, con ello, surge la designación de un nuevo gabinete, el cual estará encargado de la agenda nacional durante los próximos cinco años. En este sentido, el día de hoy se hizo público el nombre la siguiente Ministra del Ambiente: Elsa Galarza. Ella es licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y Master of Science en Economía Agrícola por Iowa State University (Estados Unidos).

Es así que, en cuanto a la cartera ambiental, cabe resaltar los puntos más notables en la materia: la gestión ambiental en sectores económicos, el manejo de los conflictos socioambientales, los desastres ambientales (como los ocurridos en nuestra Amazonía), entre otros. Por ello, es pertinente preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles serán los principales desafíos de la recientemente elegida titular del Ministerio del Ambiente?

"No olvidemos que el Ministerio del Ambiente es el ente rector del sector ambiental en el país y tiene como funciones generales el diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional del Ambiente, el cual es aplicable a todos los niveles de gobierno."

Uno de los grandes retos será la gestión ambiental en distintos sectores económicos. Dentro de estos se encuentra el sector minero, con gran impacto en las cifras macroeconómicas del país pero que conlleva grandes riesgos propios de la exploración y explotación minera por parte de las empresas[1], los cuales derivan muchas veces en la afectación del ambiente y la generación de más conflictos socioambientales. Ante ello, resulta vital que el gobierno se enfoque en la consolidación del desarrollo sostenible y el uso más requiriéndose un uso más eficiente de los recursos[2].

En el caso de los conflictos socioambientales, lo que ha caracterizado al gobierno central actual ha sido, lamentablemente, su poca previsión y su lentitud para instaurar los medios de diálogo adecuados para dar fin a estos conflictos. Ante ello, es vital que el Estado establezca mayores recursos en la gestión de los mismos –ya sea en la etapa de certificación o en la de fiscalización de las actividades económicas– con la finalidad de afianzar la confianza de la ciudadanía en manos de las entidades encargadas de vigilar y controlar los impactos ambientales que se puedan ocasionar[3].

De los últimos conflictos socioambientales, destacan los surgidos a raíz de los proyectos mineros Tía María y Las Bambas:

El proyecto Tía María procesaría óxidos de cobre de los yacimientos La Tapada y Tía María; estos últimos, ubicados en el desierto La Joya en Arequipa. Las protestas realizadas por parte de los pobladores del Valle de Tambo, como muestra a su disconformidad con el proyecto y con el Estudio de Impacto Ambiental, dejó cinco muertos y medio centenar de heridos. El proyecto Las Bambas se ubica en una mina de cobre en las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac. Al igual que Tía María, los pobladores de la zona, mostraron su rechazo, dando origen a un parto que culminó con la muerte de tres personas y una declaratoria de estado de emergencia por treinta días.

Por otro lado, los desastres ambientales han ocupado muchas portadas en el presente año. Nuestra Constitución reconoce el desarrollo sostenible de la Amazonía, estableciendo la obligación del Estado para promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas[4]. Sin embargo, y tomando en cuenta que en los últimos seis años esta parte de la selva ha sufrido quince derrames de petróleo, nuestro gobierno no ha estado cumpliendo dicha obligación. 

Este nuevo gabinete deberá asegurar la promoción del uso sostenible de la naturaleza. Además, no bastará con adoptar más medidas políticas y legislativas que se encarguen de la fiscalización ambiental cuando el daño esté hecho –lo cual sí está ocurriendo–, sino también reforzar las medidas preventivas para combatir las fuentes de estos desastres ambientales, tales como la evaluación eficaz de los posibles impactos ambientales con el fin de prevenir hechos lamentables que produzcan daños irreversibles a la naturaleza.

En conclusión, tenemos un escenario en el que la nueva Ministra, Elsa Galarza, deberá abarcar, entre otros aspectos, la consolidación del desarrollo sostenible –logrando un equilibrio entre la inversión privada y la protección al ambiente–; la adecuada y oportuna gestión de los conflictos socioambientales mediante el diálogo; y la implementación de un enfoque que priorice la prevención ante los posibles daños a la naturaleza.