El archipiélago de Chiloé, ubicado en el sur de Chile, viene experimentando la peor mortandad de fauna marina de su historia. El desastre fue atribuido inicialmente a la marea roja, fenómeno conocido en la zona que consiste en la proliferación excesiva de microalgas, las cuales producen toxinas que afectan la acuicultura. No obstante, es posible que un factor humano haya acrecentado los efectos devastadores de este fenómeno que, además de matar a numerosas especies marinas, está acabando con el modo de vida de la población local que depende de la pesca. 

¿Cuáles fueron las causas del problema?

La ONG ambientalista Greenpeace y los habitantes de Chiloé acusan a las empresas de la industria salmonera de empeorar los efectos de la marea roja. Para empezar, millones de salmones murieron a principios de este año por otro brote de algas que asfixió a los peces al reducir la cantidad de oxígeno presente en el agua[1]. La alta mortandad de salmones tuvo efectos en el tratamiento de los peces muertos[2]. Si bien en la región existen plantas de reingreso para tratar los desechos, la gran cantidad y el alto grado de descomposición del pescado sobrepasó sus capacidades e hizo inviable utilizarlas. 

Ahora bien, según el Protocolo de Londres (2006), del cual Chile es parte, se prohíbe el vertimiento de desechos al mar sin un “planteamiento preventivo”; es decir, un análisis previo que demuestre que el material vertido no generaría un impacto negativo en el ambiente. De este modo, se exige un permiso especial expedido bajo un control por una autoridad nacional designada y a condición de que se cumplan ciertos requisitos. Así, “todos los demás materiales y sustancias pueden verterse tras haberse expedido un permiso de carácter general” [3].

Es por ese motivo que, a inicios de marzo, “la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante otorgó un permiso con el fin de efectuar vertimiento de emergencia de desechos de pescado en la Jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Montt"[4]. Con el permiso de dicha entidad, se procedió a verter 9 000 toneladas de pescado en descomposición al mar de la región de Los Lagos. Por otro lado, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, a través de un comunicado, negó que la cantidad vertida sea suficiente para generar algún aumento en la marea roja. En su lugar, la entidad considera que el fenómeno de El Niño es la causa de la gran mortandad.

A pesar de ello, la población se ha mostrado escéptica de la versión oficial del gobierno chileno, exigiendo mayor transparencia en los datos que la autoridad viene manejando. Además, acusan al gobierno de no realizar las labores de prevención frente a todos los indicios que demostraban la amenaza de marea roja para el presente año.

Sea o no el vertido de salmón en descomposición el responsable de acrecentar la crisis, los eventos suscitados han reavivado la controversia sobre la Ley de Pesca y Acuicultura del año 2013, dejando al descubierto una posible crisis de dicho modelo extractivo y visibilizando la disconformidad de la población con respecto a tal legislación. Según la ONG Ecoceanos, todo parece indicar que la privatización de la industria pesquera habría provocado la sobreexplotación de los recursos marinos y la informalidad, que representa el 63% de la región[5]. Asimismo, la Ley no parece haber tenido un impacto positivo en la formalización, puesto que desde su entrada en vigencia, el volumen de pesca ilegal ha aumentado en 300%[6].

Ante esta situación, el pasado lunes, el Municipio de Ancud presentó ante el Tercer Tribunal Ambiental (Valdivia, Chile) una demanda ambiental a fin que se investigue el vertimiento. Así las cosas, está bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) demostrar la veracidad y el rigor de los estudios que realizaron para el informe que permitió a la Armada Chilena el vertimiento de las 9 000 toneladas al mar[7]. En caso contrario, el gobierno chileno tendría que responder por la infracción del Convenio y Protocolo de Londres antes mencionado.

Una nueva esperanza para el sector

El próximo 5 de junio entrará en vigencia en Chile y el resto de países miembros “el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), un innovador tratado internacional promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”[8]. El PSMA busca combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, por sus siglas en inglés). 

“El Acuerdo insta a los países a denegar la entrada o inspeccionar los buques que se visto implicados en la pesca INDNR, y tomar las medidas necesarias. Para contar con mayor apoyo, incluye también la obligación de que las partes compartan información a nivel regional y mundial respecto a cualquier barco que se descubra está involucrado en la pesca ilegal”[9].

Si bien es impreciso señalar que la mala praxis de estas empresas haya causado directamente la crisis actual que sufre Chile, resulta claro que el gobierno chileno no ha adoptado las medidas preventivas necesarias para hacer frente a este fenómeno. Lamentablemente, la gravedad de la situación ha evidenciado los distintos matices que rodean la problemática de la industria pesquera en la zona. Los impactos ambientales tarde o temprano repercuten no solo en la flora y fauna, sino en nosotros mismos (y en peor medida).