En los últimos días, la discusión sobre la derogación de la normativa que regula los procesos de formalización minera ha hecho que se posen los ojos sobre el Proyecto de Ley No. 5139/2015-CR denominado “Ley de Fortalecimiento del Proceso de Formalización de la Minería Informal”[1], teniendo en vilo al sector minero y a la población en general. El mencionado texto se encuentra en revisión por el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del Proceso de Formalización de la Minería Informal de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. 

A groso modo, este Proyecto de Ley pretende dejar sin efecto importantes normas y avances sobre formalización y erradicación de la minería ilegal, desconociendo los logros obtenidos durante los últimos años[2]. De esta forma, la propuesta legislativa establece la derogación de varias normas sobre la materia, de las cuales destacan las siguientes:

· Decreto Legislativo No. 1105, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.

· Artículo 50° y 100° del Decreto Legislativo No. 1100, referido a la competencia de los GORE en materia de fiscalización.

· Decreto Supremo No. 029-2014-PCM, que aprueba la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

· Decreto Supremo No. 012-2012-EM, que otorga encargo especial a la empresa Activos Mineros S.A.C. y dicta medidas complementarias para la comercialización del oro.

Ahora bien, el pretender suprimir y derogar la normativa que sentó las principales bases para llevar a cabo el proceso de formalización minera resulta altamente peligroso. Además, el referido Proyecto propone iniciar desde cero una nueva formalización con nuevas entidades a cargo como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), quien sería la única entidad competente en materia de formalización de la minería informal. Cabe señalar que tales funciones no le son correspondidas actualmente, dado que se tendrían que modificar todos sus instrumentos de gestión[3].

La principal norma a derogar sería el señalado Decreto Legislativo No. 1105, el cual permite las disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha identificado algunas consecuencias de en caso de la derogación del mencionado Decreto[4].

En primer lugar, se eliminaría la diferencia entre minero ilegal y minero informal. Esto llevaría a que haya un mismo trato para aquellos mineros que tienen la voluntad y están avanzando en un proceso para su formalización, con otros mineros que prefieren alejarse del mismo y que continúan evadiendo impuestos y, peor aún, contaminando el ambiente a causa de sus actividades. Asimismo, el Proyecto dejaría a medio camino a más de 30,000 mineros que ya se encontraban en proceso de formalización. Cabe indicar que en la actualidad, hay más de 1000 mineros que están trabajando de manera conforme al marco normativo vigente.

Por otro lado, es preciso mencionar algunas medidas que quedarían sin efecto en caso de que este Proyecto de Ley sea aprobado. Así, se dejaría sin efecto a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la cual tiene como fin proponer, evaluar y monitorear la política sobre la formalización minera. Además, esta entidad es la que actualmente brinda asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en el marco de sus competencias.

A ello se añade que se dejaría sin efecto la creación de la Comisión Multisectorial Permanente la cual reúne a varios ministerios encargados de la problemática. Ello evitaría que se siga fomentando un espacio de coordinación entre los sectores en la problemática. Finalmente, quedaría sin efecto la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, la cual por finalidad consolidar el proceso de formalización.

El Proyecto de Ley No. 5139/2015-CR es el reflejo de una mala iniciativa para la problemática de la formalización minera debido a la apuesta por un comienzo desde cero, sin rescatar los avances obtenidos por la normativa vigente. Sin lugar a dudas, la eliminación de las principales normas que han sentado las bases del proceso de formalización minera significaría un enorme retroceso en la materia, generando vacíos normativos que conllevaría a que la minería ilegal continúe avanzando en nuestro territorio. Las reformas deben continuarse y mejorarse, no suprimirse sin un adecuado plan.