Los planes de gobiernos presentados por las agrupaciones políticas que postulan a las elecciones del presente año reflejan los enfoques que cada una de ellas considera trascendente para el país. El tema ambiental no ha sido ajeno a ello. A continuación, realizaremos un breve comentario sobre las principales semejanzas y diferencias que plantean dichos planes de gobierno en materia ambiental. 

Previamente, cabe mencionar que la importancia del desarrollo de la gobernanza ambiental en los planes de gobierno es vital para nuestro país reconocido como uno de los diez países más megadiversos, en el que se conserva un enorme potencial para el desarrollo de insumos en la alimentación, medicina e industria[1]. Además, según Tyndall Center de Inglaterra, nuestro territorio es considerado como el tercer país más vulnerable frente al Cambio Climático después de Bangladesh y Honduras[2]. El omitir aplicar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, y fortalecer políticas sostenibles podrían implicar en el futuro un aumento del 4,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en políticas que reviertan daños causados por las actividades humanas y fenómenos ambientales[3], lo cual no es poca cosa.

En primer lugar, los planes de agrupaciones políticos coinciden en el uso de energía renovables y en la creación de fondos para la reparación de impactos ambientales frente a la tala ilegal y contaminación ambiental. Asimismo, concuerdan en la promoción del turismo ecológico como forma de generar mayor desarrollo en zonas con gran potencial paisajístico y cultural. Sin embargo, la mayoría de los partidos solo enfoca su atención en el turismo rural mas no en el potencial que existe en las áreas naturales protegidas (ANP).

Respecto a la protección de las ANP, los partidos también concuerdan en el aumento del fomento y protección de estas áreas a través del incremento del 8% de áreas a nivel local y regional (Frente Amplio) y la implementación de medidas de fiscalización y aprovechamiento sostenible de recursos en las ANP (Acción Popular). No obstante, en cuento a las propuestas que incentiven la investigación ambiental en beneficio de los ecosistemas y la población solo dos partidos se pronuncian respecto a este tema (Frente Amplio y Acción popular).

Otro de los grandes temas ausentes entre los planes de gobiernos es la discusión sobre la explotación abusiva de los recursos pesqueros marinos y de agua dulce. La mayoría propone la protección de la pesca artesanal pero no contemplan que esta actividad es considerada como una de las actividades más depredadoras, inclusive más que la industrial. Al respecto, Fuerza Popular y Orden lo insinúan indirectamente al proponer fortalecer la investigación en la materia[4].

En segundo lugar, los partidos políticos también proponen medidas particulares que fortalecerá la gobernanza ambiental. Al respecto, Pierre Foy señaló que el tema ambiental desde la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) ha seguido la tendencia general de la política nacional; no obstante, se requiere que el tema forme parte de una política nacional más integral. Asimismo, el autor refiere que en nuestro país se refiere la descentralización de la institucionalidad ambiental a nivel local y regional para poder continuar con las funciones y control asignado a este sector[5].

En la misma línea, Iván Lanegra indica tres puntos fundamentales para mejorar la gobernanza ambiental: el ordenamiento territorial, la descentralización y el abandono de un modelo de gestión ambiental sectorial y centralizado, de esta forma adoptar una certificación descentralizada a través del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE), los que anteriormente eran manejados en su totalidad por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)[6]. De esta forma, los planes de gobiernos deberán ser integrales y estar dirigidos hacia un desarrollo sostenible en el cual exista un balance entre el desarrollo social, económico y ambiental.

De esta forma, el Frente Amplio[7] plantea la necesidad de fortalecer el MINAM a través de una reforma, como también fortaleciendo la autoridades ambientales como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Instituto de Mar del Perú (IMARPE), así como plantea implementar el Programa Nacional de Conservación de Bosques. El plan promueve la investigación recursos genéticos y desarrollo de los conocimientos tradicionales, y la creación del Sistema Nacional de Información Indígena como aporte a la toma de decisiones. En el ámbito educativo, se plantea el establecimiento de la educación ambiental como eje fundamental de la política educativa, así como la difusión de experiencias exitosas a través de los medios de comunicación. Finalmente, sugiere la modificación de indicadores de inversión en base a necesidades de grupos minoritarios y poblaciones indígenas y la consulta previa.

De otro modo, el partido de Peruanos por el Kambio[8] plantea acciones concretas sobre la minería ilegal y pesca ilegal, a través de interdicciones con participación de la Marina de Guerra y fomento de cambio de actividad a la población que posee como actividad principal la minería informal. En el sector forestal plantea las Plantaciones comerciales desde el Ministerio de Agricultura y también promover la inversión pública y privada de los bosques. Además, respecto a la gestión de los recursos hídricos plantea el desarrollo de planes hídricos encabezados por el ANA y Ministerio de Vivienda.

De otro lado, el plan de gobierno de Fuerza Popular[9] señala fortalecer el rol de los organismos de fiscalización ambiental con el objetivo de promover las actividades de extracciones de recursos naturales. En el ámbito forestal, establece la creación de un Fondo de Inversión a largo plazo para establecer la reforestación en zonas impactadas por contaminación. En el sector de la actividad minera el plan plantea la creación del Programa Mina-Bosque con el objetivo de reservar fondos provenientes de los ingresos de la actividad minera para efectuar un plan de cierre de mina de acuerdo a los parámetros ambientales. En el ámbito institucional se señala el fortalecimiento técnico del Ministerio de Energía y Minas.

Por último, dentro del plan de gobierno a Alianza Popular[10] se detalla reformular el plazo quinquenal para el proceso de formalización de la minería informal, así como plantea establecer una ventanilla en el Banco de la Nación para la compra de oro proveniente de la minería informal. En el ámbito forestal plantea el Programa de Manejo Forestal Comunitario que promueva la conservación privada de bosques. Respecto a la gestión de los recursos hídricos se plantea el reforzamiento de ANA en coordinación con autoridades regionales y locales, así como la construcción de Plantas de Tratamiento de Agua residuales para un manejo eficiente del agua. Sobre la actividad minera se plantea la inversión y promover de tecnologías limpias que reduzcan el impacto de estas actividades y la creación en cada región de la Unidad Minera de Desarrollo que se encargue del monitoreo y control ambiental. Sobre el ámbito forestal señala la recuperación de Áreas Verdes en las zonas urbanas.

Por ello, invitamos a los lectores no solo a informarse sobre los actuales planes de gobierno que plantean nuestros políticos en materia ambiental sino reflexionar sobre el impacto de la implementación de las propuestas políticas en el sector económico, social y cultural a nivel de política nacional, regional y local. De esta forma recae sobre nosotros la elección del más adecuado proyecto, que se comprometa con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos que podamos disfrutar nosotros y nuestras futuras generaciones.