Berta Cáceres fue una destacada líder indígena hondureña, quien luchó como activista por la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Su loable labor fue reconocida durante los últimos años: en 2012 fue galardonada con el Premio Shalom, mientras que en abril del año pasado recibió el premio Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente[1]. Lamentablemente, en la madrugada del último 3 de marzo, Berta fue asesinada a balazos en su vivienda, ubicada en Intibucá, Honduras. 

La conmoción por este trágico hecho se extendió más allá de las fronteras de este país centroamericano. Basta señalar que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, su retrato circuló en las manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres. Asimismo, distintas figuras -desde gobernantes hasta la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)[2]- manifestaron su rechazo ante lo sucedido.

La familia de Berta señala como responsables a los grupos empresariales con el gobierno y los alcaldes de la zona, además exigen el apoyo de la CIDH y el inicio de una investigación internacional. Y no es para menos. Por un lado, Berta era conocida por su oposición a proyectos como la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre territorio indígena lenca. A causa de ello, Berta recibía constantes amenazas y acoso por varias personas, entre ellas representantes de la empresa.

Por otro lado, Berta era beneficiaria de medidas cautelares dictadas por la CIDH desde el año 2009 mediante la MC 196/09. Dicha entidad internacional le había solicitado al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de Berta. No obstante, los hechos demuestran que el actuar del Estado fue insuficiente aun cuando días antes de su muerte, Berta hizo un llamado por las amenazas y la reciente muerte de varios de sus compañeros.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. En este, se establece que en situaciones de gravedad y urgencia la CIDH podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente.

El 5 de marzo, mediante la Resolución 8/2016, la CIDH ordenó medidas cautelares para la familia de Cáceres y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), de la etnia lenca, ante la situación de riesgo en la que se encuentran.

Ahora bien, de acuerdo con María José Veramendi, representante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), “con el asesinato de Berta Cáceres se está enviando un mensaje bastante preocupante sobre el riesgo que enfrentan los defensores de los derechos humanos y en especial los defensores del ambiente en la región”.

La CIDH, las Naciones Unidas y otros organismos ya habían alterado con anterioridad el riesgo que corren los ambientalistas en la región. Asimismo, un informe de Global Witness determinó en el 2015 que Honduras era el país más peligroso para ejercer la defensa del ambiente. En esa lista Perú ocupaba el cuarto lugar[3].

“Existe una situación de vulnerabilidad para los defensores del ambiente, derechos humanos y pueblos indígenas. Las empresas están defendiendo intereses particulares y existe una omisión de los Estados en controlar la actividad de las empresas que actúan impunemente en los países”, agregó Veramendi.

El asesinato de Berta no es un hecho aislado, sino uno más entre los crímenes en contra de los defensores del ambiente. En Perú tenemos casos similares tales como el hostigamiento a Máxima Acuña en Cajamarca, el asesinato de Edwin Chota en Ucayali y, recientemente, el asesinato de Hitler Rojas, quien fue presidente del Frente de Defensa del Río Marañón.

Esto nos lleva a preguntar qué acciones en concreto está realizando el Estado peruano para velar por los derechos de muchos defensores del ambiente, quienes se encuentran alejados del gobierno central y en situación de riesgo por las constantes amenazas que sufren. Cabe acotar que Máxima Acuña es también beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, pero depende el Estado el efectuarlas y garantizar la seguridad de cada beneficiario.

Hacemos un llamado a que el Estado de Honduras realice de manera efectiva las medidas cautelares para las personas cercanas a la fallecida líder indígena y que el proceso investigativo siga las líneas de investigación más básicas a fin de identificar los responsables de este crimen. La impunidad es una puerta para la desconfianza y una forma de silenciar las voces defensoras del ambiente. El Estado debe garantizar los derechos de las personas, desde un ambiente equilibrado hasta su vida. No esperemos que en Perú suceda lo mismo.

Que en paz descanses Berta.