Nuevamente se relatan crónicas de muerte en nuestra historia, esta vez provenientes de la región Apurímac. Según un último reporte sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo[1], se obtuvo una alarmante cifra de 138 conflictos socioambientales, 91 de ellos por actividades mineras. En este contexto, el pasado martes se declaró en Estado de Emergencia[2] a las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros, por el reciente conflicto social en torno a la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA, en adelante) del Proyecto Minero Las Bambas. 

Durante el 2004, la empresa de capitales suizos Xtrata Copper adquiere el derecho para explorar un yacimiento de cobre en la zona minera Las Bambas en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas. Posteriormente, en 2011, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Minas aprueba su EIA.

En 2013, la empresa Xtrata concretó la fusión con la empresa Glencore para convertirse en la cuarta minera más importante y ser el mayor corredor de materias primas a nivel mundial. No obstante, en 2014 se cambia el permiso para la fusión; Glencore Xstrata PLC vende el proyecto minero Las Bambas al consorcio MMG, empresa filial de China Minmetals Corp. y otros socios[3]. Esto ocasionó dos modificaciones al EIA: (i) la construcción de una planta de molibdeno y otra de filtrado dentro de la concesión, pero ya no en la provincia de Espinar, y (ii) que el proyecto dejó de lado el mineroducto que llevaría el cobre hasta Tintaya (ubicado en Espinar), por lo que decidió transportarlo por carretera utilizando 125 camiones por día.

Entonces, ¿por qué se generó el conflicto social? El viernes 25 de setiembre, se inició el paro regional convocado por los pobladores de Cotabambas, Grau y también Chumbivilcas (Cusco) en contra de los cambios en el EIA de dicho proyecto minero. Debido a que, no fueron consultados a la población y serían perjudiciales para su integridad y tierras agrícolas.

Los pobladores de Cotabambas exigen que se cumplan lo dispuesta en el EIA inicial. Ellos sostiene que dicha modificación inició la construcción del mineroducto cerca de una cabecera de cuenca dentro de Cotabambas, en lugar de construirlo en Espinar, como se había obligado anteriormente. Asimismo, exigen el retiro de la planta de molibdeno, pues emite sustancias químicas nocivas para la salud de los pobladores, según informó Jaime Osorio Osorio, secretario de del Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac.

Adicionalmente, a través de su Plataforma de Lucha[5] las comunidades campesinas de Challhuahuacho exigen al Estado lo siguiente: respetar su derecho a la consulta previa[6], la nulidad del EIA modificado, la renegociación de sus tierras comunales, la demolición de la planta de Molibdeno, la renuncia de funcionarios por actos de corrupción, entre otros.

No obstante, Antonio Mendoza, gerente general del Medio Ambiente del proyecto Las Bambas, señaló que no se ha realizado una modificación del EIA sino solo se realizaron ajustes geográficos con el objetivo de reducir el impacto ambiental en la zona[7].

¿Cuál es la defensa del Estado? El Premier del Gabinete Ministerial afirma que el proyecto constituye uno de las obras más importantes del Perú, debido a que representa 10,000 millones de dólares americanos en inversión. Esto generaría un incremento en 1.4 % del producto bruto interno (PBI). Del mismo modo, señaló que el proyecto ayudará con el desarrollo de muchas comunidades, entre ellos, la de Challhuahuacho.

Por su parte, el ministro Manuel Pulgar-Vidal considera que las protestas contra dicho proyecto están siendo manejadas por intereses políticos. En ellos, se están utilizando temas ambientales como excusa con el fin de detener el desarrollo de la actividad minera; además, afirmó que la actual construcción de la planta de molibdeno no causaría impactos ambientales entre la población[8].

Tres muertos y al menos quince heridos dejó el enfrentamiento entre pobladores en contra del proyecto minero Las Bambas el pasado 28 de septiembre. La historia se repite y refleja la falta de eficiencia en los mecanismos de diálogo. Por ello, se requiere un Estado que no esté ausente, promoviendo el equilibrio entre las actividades empresariales y el desarrollo sostenible, sin desatender las necesidades de la población.

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[1] Reporte de Conflicto Social N° 137. Julio del 2015, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.

[2] El Peruano, Decreto Supremo N° 068-2015-PCM.

[3] Diario Gestión. Fecha: 13/04/2014.

[4] Infografía del diario La República. Fecha: 30/09/l 2015.

[5] Escrito proveniente de las comunidades al Estado llamado “Plataforma de Lucha Provincia de Cotabamba y Grau”. Septiembre del 2015.

[6] Ley 29785

[7] Diario Correo. Fecha: 01/10/2015.

[8] Diario El Peruano. Fecha: 01/10/ 2015.